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| Jueves, 9 de Sep de 2010 |
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El consejero de Fomento de Melilla asegura que la Ciudad Autónoma no ha parado de trabajar y luchar por el cumplimiento del acuerdo

Rafael Marín, consejero de Fomento de MelillaEl consejero de Fomento de Melilla, Rafael Marín, ha salido al paso de las declaraciones realizadas la pasada semana por la socialista Rosa López Ochoa, quien acusaba al Gobierno local de tener paralizado el convenio de vivienda, y ha dejado claro que la Ciudad Autónoma ha sido la única durante los últimos años ha estado trabajando y luchando por el cumplimiento íntegro del acuerdo.
Marín, que cree que López Ochoa está manipulada por su partido para hacer declaraciones como estas, ha dejado claro que, en contra de lo dicho por la socialista, es el Estado el que tiene paralizado el convenio, ya que el Gobierno local lleva años reclamándole que cumpla con su parte de los acuerdos y construya en Melilla las viviendas acordadas, algo que de momento no ha conseguido.
Además, el consejero de Fomento considera que una muestra de que la Ciudad Autónoma no ha paralizado el convenio es precisamente que ya ha comenzado a cumplir su parte del acuerdo, que consiste en la construcción de 600 viviendas sociales.
El único que ha paralizado el acuerdo para la construcción de viviendas, ha asegurado Marín, ha sido el Gobierno central, que durante años hizo caso omiso a las peticiones de la Ciudad Autónoma y no fue hasta la llegada de la ex ministra del área, Carme Chacón, en 2007, cuando se desbloqueó el acuerdo marco.
Sin embargo, y aunque finalmente se logró firmar a finales de 2007, hasta hoy no ha habido ninguna actuación en Melilla por parte del Ministerio, y ello a pesar de que la Ciudad Autónoma ofreció varios suelos que fueron rechazados por el Estado varios meses después.
En este sentido, Rafael Marín considera más que probado que si alguna de las partes está dificultando el convenio es el Estado, al que ha recordado que los dos terrenos rechazados por él, los del barranco de Cabrerizas y los de Huerta Embarek, serán aprovechados por la Ciudad Autónoma para construir las viviendas que el Gobierno de Zapatero no ha querido hacer.